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Editorial |
Facetas de México | Por: Pascacio Taboada Cortina/Jorge Martínez Cedillo
La mayor parte de la opinión pública en México está sorprendida por el escándalo que ha originado López Obrador, con eso de sus 20 propuestas de Reformas Constitucionales, que presentó al Congreso el pasado 5 de febrero, fecha que coincide con el día dedicado a celebrar la Constitución Política de los mexicanos. Todo ello, en el marco de un capricho presidencial -esperamos sea el último de su sexenio, a escasos tres meses de concluir su mandato formal.
Esta reforma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deja de lado la carrera judicial de miles de profesionistas y juristas que han dedicado su vida al conocimiento y a la aplicación de las leyes que rigen nuestra constitución, y deja la muy alta responsabilidad de aplicar las Leyes Constitucionales en manos de activistas y de los electores populares “Que saben lo que yo de astronauta”.
Este personal especializado, tiene la enorme responsabilidad de interpretar las Leyes para evitar violaciones del Estado, a particulares, a organizaciones sociales, de empresas comerciales y financieras privadas y del sector social.
Mientras tanto, en este ámbito se ubican las relaciones mexicanas de intercambio con organismos internacionales y gobiernos de muchos otros países que, lo que buscan, es seguridad a la inversión y cumplimiento de programas de colaboración en el marco de responsabilidad compartida.
Los jueces no son representantes populares. Son funcionarios del Estado Mexicano que tienen la alta responsabilidad de interpretar cabalmente la Ley, la Constitución y las Leyes emanadas del propio ordenamiento jurídico. Su función no es hacer política, por esas razones, el Juicio de Amparo significa protección de la justicia federal, ante arbitrariedades del Estado. Por eso existe el Estado de Derecho y los conocimientos de quienes aplican las leyes.
Regularmente los juristas, sus estudios, su preparación, conocimientos en la aplicación de las leyes les llevan muchos años de investigación para llegar a ocupar puestos en las diferentes áreas judiciales, desde secretarios, actuarios, jueces, magistrados y ministros.
Por desgracia para los mexicanos se dan situaciones irregulares muy notorias en las altas esferas de la conducción de la SCJN. Particularmente en esta administración, es inconcebible que el señor Doctor en leyes, Arturo Saldívar Lelo de Larrea, se haya prestado por ambiciones personales a un proceso que lo desacredita como promotor de la Justicia.
Después de haber sido presidente de la SCJN le ganó la ambición y renunció al muy alto cargo de la jurisprudencia en México (le faltaba solo un año para terminar un periodo de quince años como Ministro de la Corte), acudió de inmediato a “pedir chamba” a la entonces candidata a la presidenta de México, como su asesor especializado en modificaciones de Leyes para convertirlas en contra de los mexicanos.
Otro asunto muy penoso es el hecho de que la ministra Yasmín Esquivel permanece con el cargo, no obstante haber sido acusada por falsificar su tesis de abogada en la Facultad de Derecho en la UNAM, esta maniobra fue comprobada sin que se haya procedido a aclarar esta ilegalidad.
También es de señalar el caso de Lenia Batres Guadarrama, que por una maniobra del presidente, fue nombrada para ocupar una vacante en la SC, sin cumplir con la normatividad en cuanto a su capacidad, escolaridad ni conocimiento en leyes.
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