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Al rendir su informe de labores al frente del Poder Judicial el magistrado José Arturo Salinas Garza hizo referencia a los problemas presupuestales que se han enfrentado por retrasos continuos en pago de nómina, así como a la propuesta de reforma al sistema de justicia, planteada a nivel federal.
“Nunca imaginé que la confrontación podría llegar a afectar a miles de familias de empleados del Poder Judicial, de otros poderes y de organismos autónomos con la retención de los recursos necesarios para el pago de la nómina”, dijo.
Precisó que desde noviembre de 2023 casi en todas las quincenas, el Gobierno del Estado se ha retrasado en las transferencias del pago de los recursos necesarios para la nómina y para los gastos de operación, lo que ha redundado en la afectación de miles de empleados y sus familias que dependen de un salario para cubrir necesidades básicas de alimentación, salud y educación.
“La incertidumbre generada por la falta de pago ha afectado gravemente su bienestar y su calidad de vida. La retención de los recursos necesarios para el pago de las nóminas es solo un reflejo de la crisis política que atraviesa Nuevo León caracterizada por la confrontación y la falta de diálogo entre poderes, organismos autónomos y gobiernos municipales”, agregó.
Explicó que la falta de presentación del presupuesto 2024 ha generado que todos los poderes y organismos autónomos se vean obligados a operar con el presupuesto 2023 afectando el funcionamiento y con menos recursos, seguir brindando los servicios que el ciudadano demanda y merece.
“Como autoridades que somos el llamado es muy simple: Cumplamos la Constitución y las leyes que de ella emanan. En el Poder Judicial con todo y estas limitantes, hemos puesto al ciudadano en el centro de las decisiones diarias brindando servicios de calidad”, aseveró.
Reforma judicial es necesaria, pero no elección de funcionarios por voto popular
Al referir la reforma judicial planteada por el presidente expresó que la elección de funcionarios judiciales por voto popular no es la solución a los problemas que aquejan al Poder Judicial pues se pone en riesgo el principio de independencia.
“En mi opinión la elección por votación popular no es la solución a los problemas que aquejan al Poder Judicial Federal y al de los estados. Por supuesto que quienes resuelven los asuntos jurisdiccionales se deben al pueblo, sin embargo el compromiso con la ciudadanía indica que el juez deberá actuar con total imparcialidad y en estricto apego únicamente a la ley”.
Se dijo convencido que la mayoría de las personas juzgadoras, así como los demás integrantes de la carrera judicial, incluyendo actuarios, secretarios y personal administrativo son mexicanas y mexicanos honestos y competentes que están ahí por sus méritos y dan su mejor esfuerzo para impartir justicia.
Enfatizó que el método de elección popular por definición propia y naturaleza busca generar un compromiso con el elector, esta es la esencia.
Al coincidir en la necesidad de reformar el Poder Judicial para responder mejor a las necesidades de hoy, hizo un llamado a los legisladores para que, al analizar la reforma, se garantice en la Constitución la preservación de los derechos de los juzgadores actuales, dando certeza y seguridad en su función.
“En este contexto quiero pedirles a nombre de todos los que formamos parte de este Poder Judicial su compromiso de que las discusiones legislativas no dejarán de analizar el hecho de que si los juzgadores se designan por voto popular perderán su independencia”, dijo.
“Hay que analizar también lo que pasa en otros países, ya que solo Bolivia tiene este sistema y a la fecha no se ha visto una mejora en la impartición de justicia, pero sobretodo quiero que consideren que los poderes judiciales están conformados por hombres y mujeres que han dedicado su vida a la función jurisdiccional capacitándose de manera constante, presentando exámenes de oposición y no sería justo que de un plomazo se vayan todos a sus casas, por lo que es importante que se garantice en la Constitución que las personas juzgadoras que hayan sido designadas antes de la reforma no puedan ser removidas del cargo y se considere la sustitución de forma gradual y solo de las plazas vacantes y se reconozcan los derechos adquiridos a fin de garantizar certeza y seguridad a las personas juzgadoras actuales”, mencionó.
“Sabemos que juntos y con su ayuda y la de todos podemos consolidar una justicia acorde a los nuevos tiempos. Reconocemos que la justicia vive un momento crucial que requiere de esfuerzos y voluntades decididas”, agregó el Magistrado.
Nuevo León cuenta con los 2 mil 500 servidores públicos que formamos parte del Poder Judicial y nosotros contamos con Nuevo León para no dar un paso atrás en materia de impartición de justicia”, enfatizó.
Redacción | El Poder de Monterrey
