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Editorial |
Facetas de México | Por: Pascacio Taboada Cortina y Jorge Martínez Cedillo
Las condiciones sociales, políticas y económicas de México, cada vez se complican más por la falta de responsabilidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A menos de 30 días de entregar el poder a su sucesora Claudia Sheinbaum, decide emprender una reforma al Poder Judicial con implicaciones que tienen que ver con enfrentamiento entre legisladores del Congreso de la Unión y trabajadores, ministros, magistrados y jueces que tienen la alta responsabilidad de aplicar la justicia en México.
Lo primero que emprendió el presidente de la República, a través de su partido Morena, fue ganarse la confianza y el apoyo de los legisladores, entre diputados y senadores, estando de por medio la distribución generosa de dinero del erario nacional, para ser mayoría en las cámaras de Diputados y el Senado. Logrado esto, siguieron con la “mayoría calificada”. Para ello, tuvieron que “comprar” senadores; es decir, siendo de otro partido, pasarse a Morena.
Hay temor en buena parte de la población nacional y de gobiernos extranjeros, de que el modelo de país que heredará López Obrador, “se parece más a una dictadura que a una nación mexicana democrática y libre de ataduras ideológicas”. Países que han experimentado ese cambio, ahora regresaron a su libertad y democracia, o están en ese proceso. Otros “le encontraron el modo y sobreviven”. Allí están los ejemplos de Alemania, Italia, España, Rumanía, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Polonia, entre otros.
El costo del cambio a otro sistema político ajeno, “va a costar sangre, sudor y lágrimas” de cientos de miles de mexicanos que no sabemos cómo vive y se desarrolla un país que, de pronto, su gobierno lo hunde en la desesperanza. ¿Por qué los mexicanos tenemos que depender de una dádiva, a cambio de nuestra libertad?
En México no estamos preparados para “acomodarnos y convivir” en un sistema político que depende de las importaciones de granos básicos, oleaginosas, carne y leche para medio alimentar a un pueblo que padece desnutrición en un 50 por ciento. Todo ello por falta de apoyo a los productores primarios.
Esto es así, porque el gobierno de López Obrador canceló los programas de apoyo a la producción de alimentos, infraestructura rural, conservación de recursos naturales como agua para irrigación, impulso a los bosques y selvas, a la ganadería productora de carne y leche y también para impulso de la agroindustria.
Todos esos recursos de la Nación, López Obrador los destinó a los llamados “programas sociales” y de “adultos mayores”, sin resultados palpables de que ese esquema sea recomendable para salir de la pobreza en el corto o mediano plazos, o que pudiera aplicarse a otros países con características similares a las de México. ¡Para nada!
El conflicto que ahora está en pleno debate, el de la Reforma del Poder Judicial, desde la Constitución de 1917, sin ir a otras constituciones anteriores (cinco que tuvieron aplicación después de la Independencia), se estableció que el gobierno de México estaría integrado por TRES PODERES DE LA UNIÓN: el Ejecutivo, que recae en el Presidente de la República, el Legislativo, representado por las Cámaras de Diputados y Senadores, y el Poder Judicial, integrado por un Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 11 Ministros que la integran. De esta estructura, dependen los Magistrados y los Jueces, con representaciones en toda la República.
De acuerdo con el ejercicio de la aplicación de las leyes establecidas en nuestra Constitución, es posible que haya modificaciones o reformas, a fin de prestar mejores servicios jurídicos a los ciudadanos mexicanos. Sin embargo, la propuesta de reforma al Poder Judicial, presentada por el presidente López Obrador el 5 de febrero pasado, al Congreso, se refiere a que la estructura de todo el personal de la Suprema Corte, Ministros, Magistrados y Jueces, se sometan al escrutinio de una elección popular.
Y no se trata de calificar como absurdo el criterio de López Obrador en el caso de “Elección Popular”, sino que, a la fecha, los Ministros, Jueces y Magistrados, deben cumplir con una serie de requisitos profesionales, aparte de ser abogados de profesión. Deben ajustarse con numerosos requisitos de capacidad en cuanto a interpretación de todos los Artículos de la Constitución y sus códigos, así como haber cursado diversas especialidades jurídicas.
Jamás puede ocupar un puesto de esa naturaleza, un recomendado por el presidente de la República o de algún Secretario de Estado, por ejemplo. Por eso, el Poder Judicial, “es un Poder de la Unión”.
El presidente López Obrador “ha metido su cuchara” en esa propuesta de reforma constitucional, sin reflexionar que los ministros, jueces y magistrados, no son sujetos de “entrar” a una elección popular. De lo contrario, la Ley “estaría en manos de las mafias o de los narcotraficantes”, por la sencilla razón de que “contarían con el oro y el moro”.
Uno de los defensores acérrimos de esta reforma, es un tal Ricardo Monreal. Se trata de un tipo al que no quieren ver sus paisanos zacatecanos ni en caricaturas. Los dejó hundidos en el narco y afloró la violencia cuando dejó de ser gobernador. Para colmo, dejó a su hermano David en el puesto y no han dejado de aparecer muertos colgados de cables por las avenidas transitadas de la ciudad de Zacatecas.
Se estima que más de 80 mil zacatecanos han tenido que separarse de su querido Zacatecas y enfilarse hacia los Estados Unidos, debido a la violencia que se vive en esta entidad tan sumida en la pobreza. Dejó de ser una entidad criadora de mulas, asnos, caballos y borregos. En Veracruz llegaban por ferrocarril. Hace años que nada y nada.
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