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El diputado Sergio Gil Rullán (MC) impulsa una reforma para que, cuando se trate de vehículos automotores que deban permanecer en el taller autorizado para su reparación por una falla atribuible al fabricante, el proveedor estará obligado a proporcionar al consumidor, sin costo adicional, un vehículo de sustitución de características equivalentes, durante el tiempo que dure la reparación.
Especifica que esta obligación puede cumplirse a través del préstamo, arrendamiento sin cargo u otro medio que garantice la movilidad del consumidor.
La propuesta, que adiciona un nuevo párrafo segundo al artículo 80 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, fue turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.
En su exposición de motivos señala que el marco normativo actual no obliga a los concesionarios a garantizar la movilidad del consumidor durante la reparación, lo que coloca a las personas usuarias en una situación de vulnerabilidad, y las obliga a contratar un transporte alternativo o rentar vehículos por cuenta propia.
Puntualiza que ningún consumidor debe asumir consecuencias derivadas de defectos imputables al fabricante, ya que la inmovilización de un vehículo por causas no atribuibles a la persona usuaria afecta su economía, movilidad y, en muchos casos, su fuente de ingresos, sobre todo cuando el automóvil es utilizado para fines laborales o de servicio.
Con lo anterior, la modificación busca cerrar la brecha legal en México mediante una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, y así evitar que las personas consumidoras sufran afectaciones económicas adicionales por causas que no les son imputables, establecer una obligación clara y exigible que garantice la movilidad y seguridad jurídica del consumidor, y homologar el marco normativo nacional con las mejores prácticas internacionales en materia de protección al consumidor en el sector automotriz.
El diputado Gil Rullán asegura que con esta reforma se logra un avance importante en los derechos de los consumidores, ya que termina con la posibilidad de que los proveedores de automóviles sigan evadiendo los gastos extraordinarios que implican mantener un automóvil en reparación por fallas imputables al fabricante.
Redacción | El Portal de Monterrey
