La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Delegación Nuevo León realizó la clausura total temporal de un almacén clandestino de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI´S) en el Municipio de Santa Catarina, Nuevo León.
Lo anterior por considerar el riesgo inminente para la salud o el medio ambiente derivado del manejo de RPBI´S de forma inadecuada, en una bodega ubicada en la Calle Lima No. 200, Bodega No.1 en la Colonia Industrial Montes de los Olivos, en el citado ayuntamiento.
Personal adscrito a la autoridad ambiental federal arribó a dichas instalaciones a fin de verificar el cumplimiento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, encontrando irregularidades como la falta de Autorización como Centro de Acopio de RPBI´S, que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
En el sitio se contabilizaron un total de 18 contenedores con capacidad de 80 litros cada uno, los cuales contenían: Punzo cortantes, lancetas, venoclisis, agujas, material de vidrio, así como diversos medicamentos caducos inyectables.
Se evidenciaron actividades de lavado de contenedores, así como el inadecuado uso de documentos de entrega, transporte y recepción de los residuos por parte de la razón social “MEDAM Servicios SA de CV “.
El Ing. Francisco Luis Treviño Cabello delegado de la Profepa en Nuevo León, informó que “Debido al manejo inadecuado de los residuos peligrosos biológico infecciosos por parte de esta empresa, la autoridad federal ha determinado la clausura total temporal de la misma, ante el riesgo inminente que representa para la salud y el medio ambiente conforme a lo dispuesto por Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, cuyas multas oscilan entre los 20 a los 50 mil veces salario mínimo vigente, el equivalente a los mil a los 2 millones y medio de pesos”, explicó.
La Profepa, sentenció el funcionario federal, continuará con el proceso de revisión de laboratorios de embalsamamiento y centros de acopio de RPBI´S con el objetivo de regular el tratamiento adecuado de los desechos peligrosos.
Con el desarrollo de estas acciones, la autoridad federal ambiental refrenda su compromiso y misión de procurar la justicia ambiental a través del estricto cumplimiento de la ley, y reitera que no habrá tregua alguna en contra de quien o quienes cometan algún delito que afecte los ecosistemas y al medio ambiente en general.