El Portal de Monterrey
Por: Pedro García / Perfiles y Política
Por encima del rechazo de organizaciones ciudadanas, el diputado federal, Waldo Fernández González defiende la aprobada Ley de Seguridad Interior que norma la acción de las fuerzas armadas y establece que es un mito que la presencia de dichas instancias estén ligadas a la violación de los derechos humanos.
Se trata de dar certeza a la ciudadanía sobre lo que hacen sus Fuerzas Armadas y permite trascender el mito de que su presencia está ligada a la violación de derechos humanos, precisó el diputado regiomontano del PRD.
Sostuvo que el personal de las fuerzas armadas es el único que puede acreditar en el país la capacitación, conocimiento y aplicación concreta del respeto a los derechos humanos como lo han demostrado por años, incluso defendiendo con su vida a los delincuentes que minutos antes les disparaban con armas de fuego.
“Sabemos que estamos en deuda con nuestras Fuerzas Armadas, que no podemos mantener el Ejército en una franca situación de indefinición jurídica, y que regular lo que ya hacen para servir a la nación, debe regularse por el bien de todo”, añadió Fernández González.
La congruencia política es necesaria ante el juicio público, por ello voté a favor de la Ley de Seguridad Nacional, se trata de un legado que define qué, cómo, cuándo y por qué las Fuerzas Armadas pueden y deben actuar en defensa de la sociedad, del Estado de derecho y de las instituciones democráticas, explicó.
Informó que en la Cámara de Senadores hay una Minuta sobre la Ley para que con su análisis, discusión y aprobación, pase al Pleno de esa Cámara, y si es aprobada, enviarla al Presidente de la República para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Explicó que la norma aprobada contiene 34 artículos y 4 transitorios. Esta Ley busca regular las actividades de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior y establece las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios.
Por primera vez en nuestra historia nacional podríamos saber qué se entiende por seguridad interior, cómo regular las acciones del Ejército y la Marina en apoyo de las instituciones civiles, por cuánto tiempo, cómo y bajo qué condiciones institucionales, explicó.
A la vez, añadió, se puede terminar un debate que encierra una paradoja: las Fuerzas Armadas son las únicas instituciones que en México poseen las capacidades para enfrentar a la delincuencia organizada pero al mismo tiempo diversos actores públicos, privados y sociales señalan que su actuación no tiene el respaldo jurídico adecuado.
Así las cosas se hace necesario regular su desempeño en estas tareas con pleno respeto a los derechos humanos, bajo el principio de que la responsabilidad en materia de seguridad pública es de orden civil, sin embargo hace once años que se tiene la necesidad, pero no se tiene la Ley que evite las mismas situaciones que hoy se cuestionan.
Con esta Ley habría claridad sobre conceptos clave como son: amenazas a la seguridad interior; riesgo a la seguridad interior; declaratoria de protección a la seguridad interior; inteligencia para la seguridad interior; y uso legítimo de la fuerza. La indefinición jurídica en el actuar de las Fuerzas Armadas es algo que debe terminar por el bien del país, por la seguridad de las personas y por el necesario fortalecimiento del Estado de Derecho en México.
Dijo que si bien la responsabilidad de la seguridad pública es un asunto civil y por tanto de las policías municipales, estatales y federales, que nadie quiere al Ejército en las calles para enfrentar a la delincuencia organizada empezando por las propias Fuerzas Armadas.
Pero, insistió, ocurre que sólo tenemos 900 policías que pueden considerarse como tales en los más de 2 mil 400 municipios del país, en donde el Estado de Fuerza de las Policías federales es insuficiente.
Las 32 policías estatales no podrían enfrentan por sí mismas a la delincuencia organizada, más aún cuando se trata de delitos federales en los que no tienen competencia; y que el gasto en seguridad y justicia de acuerdo al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República se duplicó en diez años y aun así resulta insuficiente.
