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Los retos en los estados del noreste del país contra la corrupción son el fortalecimiento de las instituciones de ataque de activos a la delincuencia, una unidad de inteligencia dentro de las secretarías de Finanzas y más sentencias de extinciones de dominio, entre otras, coincidieron en señalar investigadores de cuatro universidades de México y Estados Unidos.
Sus tesis están incluidas en el Reporte sobre ataque de activos a la delincuencia en el noreste de México, que fue presentado la noche del martes, en la Sala 7 de Educación Continua del edificio Estoa, en la Universidad de Monterrey.
El estudio es producto de la investigación de catedráticos de la Universidad de Monterrey, el Centro Estados Unidos-México del Instituto de Políticas Públicas James A. Baker III de la Universidad de Rice, la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y la Universidad de las Américas de Puebla, con el apoyo del programa The Puentes Consortium.
En una intervención de Samuel Ramírez Mejía, profesor de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la UDEM, para presentar los resultados de la investigación asignada a esta casa de estudios, se señaló que existe una variabilidad en la tipificación de los delitos y en sanciones, sobre todo en esta última, lo cual puede “dificultar un sistema coordinado de cooperación e intercambio de información entre entidades federativas”.
Se destacó también una “impunidad persistente”, por ejemplo, en 2018, de 53 servidores públicos sancionados, 51 de ellos fue por ejercicio abusivo de funciones, pero solo uno por cohecho, solo uno por enriquecimiento ilícito y ninguno por delitos de peculado y tráfico de influencia, en los estados analizados: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
La prevalencia de corrupción así como la incidencia de corrupción más altas de esta región las presenta el estado de Chihuahua, la primera con 15 mil 633 por cada 100 mil habitantes, mientras que la segunda, con 40 mil 693 por 100 mil habitantes, ambas superando la tasa nacional.
Sin embargo, la percepción de corrupción más alta está en Coahuila, que se percibe como el problema más grave de la entidad, aunque los cuatro estados sobrepasan la media nacional, la cual es de 56.7 %.
Por lo que se refiere a la percepción sobre la frecuencia de la corrupción en la entidad, Nuevo León es el estado que presenta el mayor porcentaje de los cuatro estados, con un 89.9 %.
En cuanto a la creación de unidades de inteligencia financiera, el estudio destaca que solo Chihuahua no contaba con una, mientras que el resto son de muy reciente aparición.
Los principales retos hacia un modelo nacional coordinado, de acuerdo a la investigación presentada por Ramírez Mejía, son la creación de convenios de colaboración con las autoridades de fiscalización superior de los estados y un análisis de padrón de proveedores de los entes gubernamentales.
Además, que las unidades de inteligencia cuenten con un departamento de fiscalización adscrito y su vinculación con la autoridad del Ministerio Público; que se refuercen las capacidades institucionales, técnicas y presupuestales de las mismas; y que se fortalezcan la cooperación y coordinación interinstitucional.
Pedro Rubén Torres Estrada, profesor del Tecnológico de Monterrey y coordinador del proyecto junto con Tony Payan, de la Universidad de Rice, destacó que Nuevo León no tenía una unidad hasta hace un año, pero aún está en procesos de capacitación y de equipamiento.
“Evidentemente, tiene que ser una política pública muy intensa y continuada; la economía de Nuevo León es una economía muy potente; es más grande que la de Uruguay, por ejemplo, entonces, el tener estas instituciones va a ser muy importante en el corto y el mediano plazo”, subrayó.
El profesor universitario indicó que sería muy importante que, además de la unidad que existe dentro de la Fiscalía estatal, exista otra en la Secretaría de Finanzas para generar información financiera.
“Si estuviera en Finanzas, sería muy parecida a como es la UIF federal, que depende de Hacienda, y es donde procesan información, porque es un órgano administrativo, y se la ponen en conocimiento a los fiscales, que es el órgano jurisdiccional”, explicó.
Torres Estrada afirmó que los estudios identificaron “una debilidad muy fuerte” en las instituciones que se encargan de desestructurar las áreas y herramientas de la delincuencia.
“Se mete a los delincuentes a la cárcel, pero no se les logra quitar los productos de sus delitos; evidentemente, la mayor parte de los delincuentes pueden tener varios incentivos para cometer el delito, pero el más importante es el dinero; si no nos vamos al dinero, vamos a seguir teniendo los resultados que vemos en el reporte”, señaló.
Torres Estrada mencionó que las investigaciones del Reporte no solamente proporcionan cifras, sino que ofrecen recomendaciones, entre ellas, cómo deben ser las unidades de ataque de activos o de inteligencia patrimonial.
“Otra de las características de la investigación es que da una ruta crítica de lo que deben hacer y, en el caso de corrupción que se encargó de estudiar la UDEM, da puntos muy sensibles que se identificaron y tienen que revisar porque aquí hay alertas de corrupción”, comentó.
Torres Estrada estableció que el estudio da planteamientos sobre cómo deben ser las nuevas instituciones, pero también propone procedimientos y vetos para decir qué es lo que se tiene que cuidar y dónde se tiene que atacar.
“El otro gran reto es sentencias: necesitamos sentencias donde se haga extinciones de dominio, porque no hay más que una sola sentencia en toda la región en los últimos cinco años”, reiteró.
Ramírez Mejía, por su parte, hizo ver la necesidad de que a los delitos derivados de hechos de corrupción se les dé el mismo tratamiento que a los delitos de alto impacto, porque finalmente hay un beneficio y normalmente se trata de recursos públicos.
“Nosotros ponemos mucho énfasis en una matriz de corrupción en las compras gubernamentales, creemos que hay que poner el foco ahí”, subrayó.
En el tema del diseño normativo, el profesor de la UDEM advirtió que la regla es importante, pero también la capacidad institucional, el tema de los recursos, presupuestos, personal capacitado y multidisciplinario.
“Es un tema de política también y de las capacidades institucionales; hay que apostarle a fortalecer las capacidades institucionales”, apuntó.
Las investigaciones también fueron presentadas por Gerardo Rodríguez e Israel Cedillo, ambos de la Universidad de las Américas de Puebla, con el tema ¿Cómo medir el combate a los activos derivados de la corrupción y la delincuencia organizada?
Al final del encuentro, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP –quien brindó acompañamiento en diferentes fases de este proyecto–, envió un mensaje a través de video, en el que el funcionario federal especificó que el país está “en un proceso importante de reforma legislativa”.
Posteriormente, Arturo Azuara Flores, director de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, entregó un reconocimiento de participación a quienes expusieron los temas.
The Puentes Consortium está conformado por universidades de México y Estados Unidos y busca proveer de una voz distintiva para la comunidad binacional de académicos que desarrollan investigación multidisciplinaria en asuntos de importancia para las relaciones entre ambos países.
El consorcio enfoca sus recursos en un tema diferente cada año, realizando investigaciones orientadas hacia el desarrollo y mejoramiento de políticas públicas.
A la ceremonia de presentación, asistieron Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, fiscal general de Justicia de Nuevo León; Liberto Hernández Ortiz, fiscal de Investigaciones Especializadas en Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de Coahuila; Clara Luz Flores, alcaldesa de General Escobedo; y Javier Garza y Garza, fiscal Anticorrupción del Estado de Nuevo León.
Además, Gilberto de Hoyos Koloffon, fiscal especializado en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León; Nicole Marie Savignon Luttrell, secretaria ejecutiva del Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León; Daniel Pedroza Gaitán, secretario de Finanzas de San Luis Potosí; y Ulises Valencia, subsecretario Jurídico de la Secretaria de Gobernación de San Luis Potosí.
Redacción / El Portal de Monterrey
