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La Comisión Anticorrupción del Congreso ordenó la comparecencia del gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda para que responda sobre las acusaciones de desvíos de recursos públicos y peculado, que integran la solicitud de Juicio Político en su contra.
El 23 de junio a las 16 horas esta citado a comparecer el mandatario de emecista, quien según la dirigencia estatal de Morena, desvió de manera ilegal mas de 2 mil millones de pesos del erario público, que fueron a parar a despachos propiedad de su familia.
Armida Serrato, diputada del PRI y presidenta de la Comision Anticorrupción, señalo que García Sepúlveda puede hacer acto de presencia o vía su defensa jurídica, presentar por escrito sus alegatos y pruebas a favor de los delitos que se le imputan.
El lunes 9 de junio dirigentes y diputados de Morena presentaron al Poder Ejecutivo la solicitud de Juicio politico contra el mandatario neolonés, la cual fue turnada por la Comisión Permanente en calidad de urgente a la de Anticorrupción.
En sesión de este órgano legislativo, este viernes se leyó de manera integra el expediente 21537/77, en el que se detallaron las supuestas triangulaciones financieras con las cuales desde el 2022, primer año de administración de Samuel Garcia, empezó el desfalco a las arcas estatales.
Los recursos económicos, gran parte de los cuales fueron a parar a despachos propiedad del mandatario y su padre, Samuel García Mascorro y otros familiares y socios, están “plenamente identificados desde las cuentas de origen del Gobierno hacia despachos fiscales y empresas donde él es socio”.
Aunque fue uno de los promoventes del juicio politico, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Soto, junto con el también legislador guinda Rogelio Montemayor, no acudieron a la Sesión de la comisión Anticorrupxio.
Al existir quorum, el dictamen de procedencia del juicio y la orden de competencia del gobernador se aprobó por mayoría de siete votos, contra uno emitido en contra por la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pamanes.
La legisladora emecista argumentó que el procedimiento, el cual requerirá cuando menos de 28 votos de los 42 que integran el Congreso para destituir y desaforar al Ejecutivo estatal esta viciado de origen y puede ser impugnado en juzgados federales.
Por: Mario Alberto Palacios | El Portal de Monterrey
