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El Embajador William R. Brownfield, Subsecretario del Buró de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL, por sus siglas en inglés), y Michael Botticelli, Director de la Oficina Nacional de Políticas de Control de Drogas, visitaron la Ciudad de México el 1 y 2 de marzo con el objetivo de dialogar con el gobierno de México en asuntos de mutuo interés, incluyendo medidas para restringir el flujo ilegal de enervantes entre México y los Estados Unidos.
Durante su visita, los funcionarios exploraron maneras para continuar y expandir la cooperación entre los dos países en este asunto de suma importancia.
Los Estados Unidos y México trabajan de manera conjunta a fin de fortalecer la capacidad de las instituciones de seguridad pública, de justicia y de salud pública en ambos países y así reducir los efectos negativos en la sociedad derivados del uso de drogas, especialmente la heroína y las metanfetaminas. Como política hacia las drogas, los Estados Unidos han incrementado significativamente los fondos destinados a la prevención y el tratamiento de abuso de drogas ilegales con el fin de reducir la demanda doméstica. En México, a través de la Iniciativa Mérida, los E.U. brindan apoyo a los esfuerzos antinarcóticos del gobierno de México como asistencia para la capacitación de funcionarios mexicanos del sector justicia, apoyo en el establecimiento de los tribunales de tratamiento de adicciones así como en la formación y capacitación de consejeros en tratamiento de adicciones.
Los señores Brownfield y Botticelli se reunieron con sus homólogos en varias instituciones del gobierno de México, incluyendo la Procuradora General Arely Gómez González; el Comisionado Nacional de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), Dr. Manuel Mondragón y Kalb; el Sr. Carlos Pérez Verdía, Subsecretario para Asuntos de América del Norte, y el Sr. Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y el Sr. David Garay Maldonado de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), entre otros.
Al concluir su visita, el Embajador Brownfield reiteró el compromiso de los Estados Unidos de apoyar la lucha antinarcóticos en ambos lados de la frontera. “El gobierno de Estados Unidos continuará compartiendo información con nuestras contrapartes mexicanas a fin de apoyar nuestros esfuerzos conjuntos para enfrentar el reto compartido del uso y el comercio ilegal de enervantes.”
“Los E.U. están enfrentando una epidemia en el uso de sustancias opiáceas. El Presidente Obama ha dirigido recursos y esfuerzos a fin de prevenir el uso de drogas antes de que empiece, y expandir el acceso a tratamiento de adicciones –en cuanto a demanda– y reforzar los esfuerzos para detectar e interrumpir el flujo de las drogas –en cuanto a suministro. Con el fin de lograr esas metas, nos dedicaremos a trabajar con ahínco con nuestras contrapartes mexicanas para contrarrestar los retos de salud y de seguridad pública que ambos países enfrentamos”, comentó el Sr. Botticelli.
El Subsecretario para Asuntos de América del Norte de México, el Sr. Carlos Pérez Verdía, agregó, “Los gobiernos de los E.U. y México son socios importantes en un esfuerzo compartido para combatir el tema de los narcóticos ilícitos, tanto en la oferta como en la demanda.”
LA INICIATIVA MERIDA
La Iniciativa Mérida es un acuerdo bilateral para la cooperación en materia de seguridad entre México y los Estados Unidos con más de 2.3 mil millones de dólares de fondos asignados por el Congreso de los Estados Unidos. A los ocho años de su implementación, la Iniciativa Mérida ha proporcionado apoyo tangible a las instituciones mexicanas de seguridad e impartición de justicia, ha impulsado los esfuerzos para detener el tráfico de drogas, y ha fortalecido la seguridad fronteriza. Hasta la fecha de hoy, la Iniciativa Mérida ha entregado más de 1,400 millones de dólares en equipo, capacitación y apoyo técnico al gobierno de México para fortalecer su seguridad.
POLITICA NACIONAL ANTI-NARCOTICOS DE LOS E.U.
La política nacional antinarcóticos del gobierno del Presidente Obama se basa en un enfoque equilibrado entre la salud y la seguridad pública con el fin de reducir el uso de drogas ilegales y las consecuencias derivadas del mismo. Este enfoque se refleja en el presupuesto presidencial para 2017 que representa la inversión más grande del país para el tratamiento y la prevención del uso de sustancias así como un presupuesto paralelo para el sistema de salud y la seguridad pública.
