Por: Pedro García / Columna / Editorial
Desde hace unos 30 años a la fecha inició una tendencia en México a desacreditar al sindicalismo, a pretender “desindicalizar” las relaciones laborales, según porque eso implicaba un “modernismo” que no es otra intención que desaparecer a los gremios, pretensión imposible.
Sí pueden –esos intentos- atenuar al sindicalismo, domeñar a los dirigentes y rendirlos con la tentación del dinero, en detrimento de los trabajadores, la parte débil de los factores de la producción que, en muchos casos de conflictos sus intereses son vendidos en beneficio del empresario demandado.
Por encima de los constantes amagos contra los trabajadores, promovidos desde los gobiernos para satisfacer a los patrones, los sindicatos se han sostenido incluso a pesar de dirigentes, y dan la pelea hasta donde les es posible toda vez que sus enemigos son mayoría.
De cuando en cuando, algunos sindicatos dan gratas sorpresas consiguiendo reivindicaciones, pero son excepciones. En México, como en China, en cuestión de exigencias laborales o demandas, no se mueve ni la hoja de un árbol por el autoritarismo oficial contra cualquier defensa genuina de la mano de obra.
Se dice que en México la paz laboral que se predica, en realidad es una paz laboral impuesta por el gobierno. Como si el emplazamiento o el estallamiento de una huelga fuese un sacrilegio, cuando está debidamente admitida por la Ley Federal del Trabajo.
En otro aspecto del mundo laboral, el ya casi concluyente mandatario Enrique Peña Nieto al inicio de su sexenio afirmó que terminaría con el “informalismo” en su gobierno, sin embargo, es fecha que miles, acaso decenas de miles, de trabajadores de la educación y la salud, por citar dos ejemplos, están sin planta con todas las consecuencias de inseguridad social.
Igual ocurre en el sector privado donde hay “figuras” empresariales que se pasan la Ley laboral por el arco del triunfo sin rendir cuentas en el pago de obligaciones como el Seguro Social y otros, con efectos criminales contra la mano de obra y sus familias por el desamparo social en que se encuentran.
Nadie del gobierno mueve un dedo para remediar la situación, ni organismos empresariales que en sus doctrinas dicen que tienen al ser humano en el centro, en sus prioridades.
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En estos días, nuevamente los maestros ju- bi- la- dos han vuelto al Congreso local a demandar respeto a sus derechos y han solicitado la intervención de la Legislatura para que exhorte al gobierno del estado la reivindicación del Bono de Ajuste Salarial que significa un global de poco más de 24 millones de pesos.
Cantidad mínima dentro del multimillonario presupuesto estatal en donde vale señalar que, si El Bronco se queja de que la Federación discrimina a su gobierno en el reparto de los recursos, qué no pueden decir de él los maestros jubilados…
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Una veintena de empleados del negociazo llamado Interplaza resolvieron su difícil situación de estar despedidos, sin sueldos y sin indemnizaciones, durante un mes y medio. ¡Oid, Coparmex y anexas!
Los ex trabajadores hubieron de plantarse a las afueras de Interplaza para intentar rendir a los dueños del millonario establecimiento que no querían desprenderse de unos cuantos pesos, por sus pistolas.
La Federación sindical “Agustín Serna Mendoza” entró al quite –a solicitud de los trabajadores- y aunque el gremio que lidera Ramón Serna Servín topó contra la resistencia patronal, consiguió que se impusiera el imperio de la Ley y el pago de las liquidaciones.