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FACETAS DE MÉXICO | Por. Pascacio Taboada Cortina y Jorge Martínez Cedillo
Nunca como ahora, si consideramos los últimos cien años, un gobierno de la República ha dejado en el olvido y abandono al sector productivo de alimentos del campo, como ocurre en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Son millones de ejidatarios y pequeños propietarios que quedaron “a la deriva” sin financiamiento, seguro, cobertura de siniestros, precios rentables, avances tecnológicos y uso de fertilizantes, a pesar de que México es socio comercial de dos naciones de primer mundo, a través del T-MEC.
La desigualdad social se acentuó en el medio rural, como efecto de que más mexicanos se incorporaron al segmento de población calificada en estado de pobreza, de tal forma que aumentó el esquema deficitario en cuanto a consumo de granos básicos, como maíz, frijol, trigo, arroz; carnes de res y cerdo, así como en leche.
Para ejidos y pequeñas propiedades, no hay crédito ni fertilizantes para mejores resultados en rendimientos unitarios, no hay semillas mejoradas ni maquinaria. Para los pocos que obtienen cosecha, los precios están castigados por no haber dinero oficial: “Ovalle se lo llevó”.
Lo que no puede olvidar el gobierno, es que son cerca de 100 millones de hectáreas –la mitad del territorio nacional—las que fueron expropiadas y repartidas entre campesinos sin tierra, después del movimiento armado de 1911, derivado de la caída y exilio de Porfirio Díaz Mori.
En la actualidad, el gobierno ignora cuántas hectáreas son realmente ejidales y cuántas de propiedad privada. No cuenta con un Plan Nacional de Apoyo a Pequeños y Medianos Productores, pero es un hecho que más de la mitad de la población nacional, hombres, mujeres y niños, padecen desnutrición.
A más de una centuria del reparto agrario, no existe un programa o proyecto específico que proteja y defienda a millones de hombres y mujeres del despojo y transferencia de parcelas en prácticamente todos los ejidos.
En este gobierno desaparecieron programas de financiamiento, de apoyo a la comercialización, de transferencia tecnológica, de mecanización del agro, de infraestructura hidro-agrícola, seguro y cobertura de siniestros en casos de desastre. Para colmo, López Obrador retiró el presupuesto que venía ejerciendo el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Pecuarias y Forestales, con muy alto prestigio internacional.
Nada menos que, por el desarrollo en México de la Alianza para el Progreso, un programa internacional de apoyo a la alimentación, realizado de manera conjunta con el gobierno de Estados Unidos, en tiempos de los presidentes Adolfo López Mateos y John F. Kennedy, mereció el Premio Nobel de la Paz otorgado a un científico naturalizado mexicano, el doctor Norman E. Borlaug.
Por otra parte, hay que consignar que, como por “arte de magia”, desde el inicio del presente gobierno, “desaparecieron” los dirigentes de organizaciones del sector social y privado, –relacionadas con el agro– aunque prevalecieron entidades “cúpula”, formadas por empresarios del sector agropecuario y de una serie de actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería, pesca y actividades forestales.
No se sabe qué se hizo de dirigentes de la Confederación Nacional Campesina, de la Confederación Nacional Ganadera, y de otras muchas organizaciones hasta llegar a más de 15, como la CNPR, UNTA, el CAM, CCI, COMSUC, UCD, CCC, UGOCP, ALCANO, CODUC, CIOAC, CNPA y otras.
Mención aparte, debemos señalar que la prohibición del maíz transgénico que pretende implementar México ha ocasionado que Canadá se incorpore al panel de controversias iniciado por Estados Unidos respecto al uso del maíz genéticamente modificado para la elaboración de la tortilla.
Los Estados Unidos y Canadá afirman que México no cumple con las obligaciones científicas y de análisis de riesgos bajo el capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del (TMEC). Los argumentos de México no cuentan con respaldo científico además de violentar el comercio en el mercado norteamericano.
Especialistas mexicanos señalan la complejidad de que nuestro país reduzca la importación de maíz procedente de Estados Unidos, ya que dependemos cada vez más de las transacciones comerciales internacionales, principalmente con nuestros vecinos del norte.
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