El Portal de Monterrey
Negocios /
En especial en América Latina, existen diversos temas relacionados con la protección de derechos humanos vinculados a la actividad empresarial, no solo privada, sino también pública, de acuerdo a expertos que participaron en la primera jornada de 2.o Coloquio sobre Responsabilidad Empresarial.
Organizado por el Instituto de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad de Monterrey y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el encuentro fue inaugurado esta mañana, en la Sala del Claustro Universitario, por Arturo Azuara Flores, director de Derecho y Ciencias Sociales de la UDEM.
En la ceremonia inaugural, también participaron Enrique Guadarrama López, segundo visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; y Nira Cárdenas Oliva, oficial de Derechos Humanos de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Asimismo, Sofía Velasco Becerra, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y Marcela Chavarría Chavarría y Humberto Cantú Rivera, directora general y director ejecutivo, respectivamente, del Instituto de Derechos Humanos y Empresas de la UDEM.
En su mensaje, Azuara Flores estableció que, para la Universidad de Monterrey, el contar con un enfoque en los derechos humanos es una necesidad social y subrayó que este tema se ha convertido en el eje central de los planes académicos.
El directivo anunció que, a partir del próximo año, la materia de derechos humanos se integrará, de manera transversal, a todas las carreras que se ofrecen en la UDEM con la intención de colaborar en la promoción y difusión de una verdadera cultura de respeto a los derechos humanos.
“Asumimos y nos comprometemos a que nuestros egresados tengan una base sólida de conocimientos en la materia que les permita identificar los retos que el ámbito empresarial debe asumir en la protección de los derechos humanos”, indicó.
Guadarrama López señaló que se deben aprovechar las experiencias anteriores, considerar alianzas, buscar consensos y fijar una ruta clara y alcanzable, y que sea medible en sus avances y cumplimientos.
“El propósito común es contar con una herramienta de política pública que responda a las necesidades de hacer compatible las ganancias económicas que persiguen las empresas con el pleno respeto a los derechos humanos”, apuntó.
Agregó que se debe buscar, al menos, cubrir las lagunas reglamentarias, legislativas y de política pública, que propicien la protección de derechos humanos en el contexto de actividades empresariales.
“Se requiere contar con un esquema definido de prevención de transgresiones a derechos humanos cuando el Estado tenga nexos jurídicos con las empresas, sea a través de contratos públicos, del otorgamiento de concesiones o autorizaciones o el otorgamiento de financiamiento con recursos públicos a las empresas”, especificó.
Por su parte, Cárdenas Oliva mencionó que cada vez hay más conciencia, más conocimientos y más experiencia de cuáles son los impactos tanto positivos como negativos de cualquier tipo de actividad empresarial.
Respecto a los mecanismos de remediación y de justicia de aquellos casos en los que se hubiese vulnerado los derechos humanos, la activista enfatizó que debe encontrarse mecanismos que brinden justicia, aunque no se pueda exigir una “reparación del daño” cabal, pero al menos que se tengan las mínimas garantías, sobre todo de no repetición del daño.
“Un asunto adicional tiene que ver con las y los defensores de los derechos humanos es que en esta región de América Latina es en donde más asesinatos se han hecho en contra de defensoras y defensores que trabajan temas que tocan fibras empresariales y eso hay que tenerlo muy en cuenta”, destacó.
Cárdenas Oliva afirmó que, en el caso de México, las empresas propiedad del Estado son especialmente relevantes y, en la actual administración federal, algunas vuelven a tener un papel central en la actividad energética, como Pemex y Comisión Federal de Electricidad.
“Es verdad que si bien el sector privado tiene un papel fundamental, es el Estado debería poner el ejemplo respecto de las formas en que la actividad empresarial debería realizarse; recordemos que el Estado es el principal obligado en materia de derechos humanos”, expuso.
Llamó a poner especial atención en la actividad de estas dos grandes empresas del Estado, así como en temas de consulta de comunidades indígenas, como en los casos de la construcción de nuevas refinerías y la construcción del llamado Tren Maya, con los impactos que pueden tener en comunidades indígenas.
“Tenemos que encontrar este mecanismo de crecimiento económico, social, como naciones que somos: ese es nuestro papel y lo jugamos con otros actores, como la academia, en donde se nos permite discutir, reflexionar, conversar, encontrar agendas comunes, buscar sinergias para que hablemos un mismo idioma”, sostuvo.
En el primer panel, “El papel del Estado en el marco de empresas y derechos humanos”, participaron Guadarrama López, Cárdenas Oliva, Cantú Rivera y Tobias Lange, consejero de Asuntos Industriales de la Embajada de Alemania en México, y estuvo moderado por Chavarría Chavarría.
En tanto que el segundo panel, “Grupos en situación de vulnerabilidad y responsabilidad empresarial”, tuvo como invitados a Cecilia Murillo Quintana, abogada de Immigration Law Offices of Hadley Bajramovic (“ILOHB”); Norma Reyes Terán, coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos del gobierno estatal de Oaxaca; Melissa Ortiz Massó, representante para México, Centroamérica y el Caribe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos; y Andrés del Castillo, encargado de Cooperación Internacional y Asesoramiento Jurídico de DOCIP (Suiza); y fue moderado por Philippe Stoesslé, profesor de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la UDEM.
